Provincias mineras se oponen al plebiscito

Agrupadas en el Consejo Federal de Minería, cuestionaron la metodología para de-finir el futuro de la mina de Esquel.

El Consejo Federal de Minería (COFEMIN) cuestionó ayer la decisión de realizar un plebiscito entre la población de Esquel para la aceptación o el rechazo al desarrollo de un proyecto de explotación mineral de oro en la zona, cuestionado por la posible contaminación que provocaría.

Para el COFEMIN, “someter a plebiscito a la actividad minera va en contra del pro-pio paradigma del desarrollo sustentable, más aún teniendo en cuenta el impacto positivo que ha tenido esta actividad en regiones donde fue y es fuente de desarrollo y generadora de progreso y bienestar”.

A través de un documento remitido al Ministerio de la Producción y al gobierno de Chubut, el COFEMIN destacó que “la actividad minera, si es realizada siguiendo las prescripciones de la ley, es generadora de progreso y movilidad social, al convertirse en una fuerte dinamizadora de las economías regionales, ya sea en forma directa o indirecta”.

El pronunciamiento del COFEMIN -organismo que nuclea a todas las provincias del país con intereses mineros- sostiene que, “si bien aceptamos que la minería no es inocua para el ambiente, es importante señalar las relaciones costo-beneficio de es-te tipo de proyectos”.

El documento sale al cruce de la resistencia que ha generado en buena parte de la población lugareña un proyecto de explotación de oro por parte de una compañía canadiense en cercanías de la localidad chubutense de Esquel, habitualmente dedi-cada a actividades turísticas y deportivas, sobre todo invernales.

El cuestionamiento al proyecto se manifestó además a través de la organización ambientalista Greenpeace, y derivará en la realización de un plebiscito entre los po-bladores de la zona.

El COFEMIN indicó que, como autoridades de aplicación del Código de Minería, “somos responsables de monitorear la actividad y es por ello que siempre estare-mos a la par de todos aquellos que reclamen por la mejor alternativa tecnológica, la mejor práctica ambiental, y aplicaremos con dureza la ley en los casos en que se la transgreda”.

El comunicado asevera que, “así como estamos obligados a exigir el máximo cum-plimiento de la ley, estamos obligados a garantizar el marco jurídico nacional que permitió el despegue de la actividad y que con el aval de todas las provincias se promocionó en el país y en el exterior para atraer capitales genuinos”.

En otro párrafo, el documento expresa que, de acuerdo con lo expuesto, “no pode-mos admitir que se plebiscite en forma arbitraria y discriminatoria una actividad que se ha mostrado no más impactante que cualquiera de las otras actividades producti-vas que impulsaron el bienestar de nuestra sociedad”.

El COFEMIN señaló también que ” ha impulsado y participado en el diseño de las políticas que rigen la actividad en los últimos veinte años”. Y afirmó que “en su seno y a través del consenso se elaboró la política minera que pudo compatibilizar las dis-tintas necesidades de desarrollo de las provincias.

Y al respecto resalta que “la propia actividad generó la legislación que la regularía en materia ambiental, y de este modo fue promulgada la Ley 24585 ‘de la Protección Ambiental para la Actividad Minera’, ley que se incorporó al Código de Minería, cuerpo legal de fondo y por lo tanto con vigencia en todo el territorio nacional, en una sección completa consagrada a la protección ambiental”.

Diario Jornada (Chubut)
21/03/2003