Peligrosas anomalías en el control

Durante tres meses, 35 testimonios revelaron irregularidades en un área sensible

Habilitaciones decididas sobre planos falsos, inspecciones digitadas, clausuras frenadas a pedido de funcionarios del gobierno porteño o de la Nación o levantadas a partir de actas de bomberos apócrifas, intimaciones a locales que nunca fueron confirmadas, actuaciones cajoneadas, expedientes sustraídos, organismos de control deficientes e informes de irregularidades en la fiscalización desoídos, incluso por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. 

La existencia de estas y otras anomalías en un área sensible de la Ciudad salieron a la luz en público, durante la etapa de recepción de testimonios y de recolección de elementos probatorios desarrollada durante casi tres meses por la comisión que investiga la tragedia de Cromagnon en la Legislatura porteña. 

Más allá del dictamen que darán a conocer mañana los nueve diputados, la simple lectura de las declaraciones permite concluir severas fallas en el ejercicio del poder de policía en la Capital, desde el año en que el boliche de Once fue inaugurado como El Reventón (1997) y durante toda la gestión ibarrista hasta el 30 de diciembre último (2000-2004), por lo menos. 

De los 37 testimonios tomados en relación con el trabajo de los inspectores, de las estructuras administrativas de las que dependían, de los fiscales contravencionales, de los organismos de control de la Ciudad y de los bomberos (encargados de emitir y renovar los certificados de condiciones contra incendio), 35 revelaron la existencia de prácticas fuera de toda la normativa legal o administrativa que regía. 

Pasó, por ejemplo, Roberto Calderini, el inspector de la ex Dirección General de Habilitaciones que firmó el informe que sirvió para que El Reventón fuera habilitado en 1997 y, pese a que el Código de Habilitaciones establece que un local “no debe poseer comunicación de ninguna naturaleza con otros locales”, consideró que la puerta abierta hacia el garaje no comunicaba, sino que “independizaba” al boliche del estacionamiento. Además, firmó que el local tenía 1447,5 metros cuadrados, pero en realidad -según la escritura- tenía 1673,19 metros cuadrados. Calderini trabaja todavía hoy para el gobierno porteño en la Dirección de Habilitaciones. 

Pasó también Alberto Iglesias, inspector de la desaparecida policía municipal, que revisó el local apenas un día después que Calderini y opinó que estaban afectadas las condiciones de seguridad. Y que la puerta sí comunicaba con áreas dedicadas a otros usos. Los dos inspectores pertenecían al mismo gobierno y opinaron diferente. 

Pasó más tarde el interventor de la Dirección General de Registros y Certificaciones, Enrique López, superior de Calderini, que terminó admitiendo que el expediente estaba viciado desde un principio por la diferencia del metraje [con 1600 metros hubiera debido ser habilitado como microestadio y, por lo tanto, notificar la realización de espectáculos], que esto debió ser advertido y que el local “nunca debió ser habilitado”. El había firmado “sin leer” la habilitación. 

También pasó el auditor general de la Ciudad, Matías Barroetaveña, que confirmó que los informes que envió al Poder Ejecutivo sobre irregularidades en el funcionamiento de discotecas “nunca recibieron respuesta hasta después de Cromagnon”. 

Y Nicolás Walsoe, ex inspector de la UPI, que el 26 de diciembre de 2003 recibió la orden de habilitar la cancha de Argentinos Juniors, pese a que tres días antes había constatado que las obras estaban inconclusas. “Me dijeron que era una orden de Fiszbin [Fabiana, ex subsecretaria de Control Comunal], a pedido de Alberto Fernández [jefe de Gabinete presidencial].” Ese día se cruzó con Aníbal Ibarra, y le comentó lo sucedido. “Manténganme al tanto”, fue todo lo que le contestó, según Walsoe. 

La Nación 
Jueves 28 de Julio de 2005