Garabí: Lo que hay que hacer

Cada hora que transcurre representa millones de KWh desperdiciados, los cuales si se aplicaran así sea módicamente en industrializar, tecnificar y desarrollar ambas provincias directamente vinculadas al mega proyecto (Misiones y Corrientes), redundarían en vastísimos efectos multiplicadores que fácilmente pueden estimarse en producciones de bienes y servicios de varios millones de pesos por hora, producciones que de concretarse necesitarán grandes cantidades de mano de obra, tanto mejor remunerada cuanto mayor sea su grado de capacitación necesario.

Ese –el económico y social- es un enfoque que merece ser ampliado y afinado en artículos separados. Ahora sinteticemos lo concerniente a las acciones mínimas que –salvo hechos no difundidos- siguen siendo largamente “materias básicas pendientes”.

• Debe definirse si el proyecto definitivo tendrá dos o tres cierres (cierre es aquí sinónimo de presa), o uno con obras de protección básicamente en el arroyo Chimiray, cuya cuenca se adentra profundamente en valiosas tierras de suelo rojo profundo, con explotaciones yerbateras y otras. Las tres alternativas son viables, pero debe discutirse sobre bases concretas sólidamente fundamentadas. Es respetable la postura de los municipios circundantes, que casi intuitivamente solicitaron dos cierres, pero nada debe descartarse, fijándose coherentemente posiciones de mínima. Bien puede incluirse el ante proyecto Roncador en las discusiones, como continuación natural de las obras, una vez finalizado el Complejo Garabí.
• Las participaciones efectivas de ambas provincias, deben dejar la fase meramente reclamativa, o las instancias puramente “políticas”; pues en esta temática –como en otras muchas de gran complejidad- todas las decisiones políticas deben tener sólidos basamentos técnicos. Se deben integrar los equipos de trabajos técnicos, como labor permanente de altísima responsabilidad, priorizándose la excelencia de conocimientos científicos y técnicos específicos; reemplazándose con ello los accionares espasmódicos, inconducentes, y muchas veces dejados en manos de “funcionarios todo terreno”, especialistas en nada, que mal pueden integrar equipos de trabajo de verdaderos especialistas. Adviértase que se enfatiza el concepto de “equipos de trabajo”, los que por definición deben ser de tiempo completo, tener la suficiente “masa crítica” (cantidad mínima de científicos y profesionales), por lógica con el prerrequisito de la reconocida y probada idoneidad en la materia. Por supuesto que el accionar Político (con mayúsculas) debe ser permanente y al más alto nivel, aunándose fuerzas en pos de los objetivos previamente elaborados y transformados en Políticas de Estado (que desde hace muchas décadas parecen ser materia ausente en temas energéticos).
• Establecer órdenes de prioridades lógicos, muy bien fundamentados, previos trabajos de planificación elaborados con el mayor rigor científico y técnico, en el contexto de las Políticas de Estado de Mediano y Largo Plazo (que el neoliberalismo destrozó por “anticuadas”).
• Definir planes concretos de desarrollo socio económico, vinculados directamente con la concreción de la obra, tal como sistemática y exitosamente lo viene haciendo Brasil. Los parques industriales –seriamente concebidos con las adecuadas legislaciones nacionales, provinciales y municipales-, deben ser una pieza clave. No deben circunscribirse únicamente a las actividades tradicionales (maderas, yerba mate, té, bovinos); concibiéndose con amplitud de miras incluso industrias pesadas y de alta tecnología, las que requerirán concretar el transporte fluvial en ambos grandes ríos (Paraná y Uruguay), así como el injustamente postergado Gasoducto del NEA.
• De crucial importancia es definir “ex ante” que la parte argentina de la obra (50 %), será de propiedad de ambas provincias, en base al criterio de “aportes de altura y caudal”. Es totalmente lógico y entra dentro de la concepción de provincialización de los recursos naturales, que establece la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Para ello se debe precisar el plazo lógico de amortización total de la obra, sea esta construida con fondos o respaldos estatales, o mediante el sistema de concesión de obra. Término medio ese plazo de amortización puede definirse en el orden de 30 años. Adviértase que pasado ese plazo, la parte argentina de operación y facturación del mega complejo hidroeléctrico debe ser de propiedad exclusiva (en proporciones a definir) de ambas provincias, pues se está utilizando un recurso natural provisto única y exclusivamente por dichas provincias. Considérese que tal como lo expresó el veterano y experimentado Ing. Juan Carmona, en el marco del Congreso Internacional de Grandes Obras Hidroeléctricas de San Martín De Los Andes (1999), “las presas hidroeléctricas son prácticamente eternas, con el debido mantenimiento”. Esa renta a perpetuidad, hará variar sustancialmente la realidad económica de Misiones y Corrientes, proveyendo cuantiosos fondos para financiar el desarrollo.
• Definir taxativamente el tema de las regalías, que por lógica técnica y política debe corresponder exclusivamente a las provincias de “aguas arriba” de cada proyecto. Contra toda lógica, pero por verdadero “patoteo político” (con la complicidad de los medios de comunicación “nacionales” –léase portuarios-), es previsible que Capital Federal y Gran Buenos Aires intenten apoderarse de estas rentas que nuestros (misioneros y correntinos) recursos naturales deben generar.
• Definir explícitamente el acceso de Misiones y Corrientes a la energía generada en forma prioritaria (recordar que usualmente se planifican solo para el “país central”, tal como pasó en Chocón – Cerros Colorados, en Salto Grande, en Yacyretá, etc.)
• Definir con precisión las exigencias mínimas de obras prioritarias vinculadas con cada presa hidroeléctrica (protecciones costeras, playas artificiales para recreación, esclusas de navegación, puertos operativos, provisión de obras de agua potable y saneamiento a todas las localidades involucradas, eventualmente regadío, obradores integrados a las comunidades que tengan caracteres de obras permanentes, ídem con las viviendas para el personal, etc.)
• Definición del ENTE BINACIONAL que tendrá a su cargo la supervisión de los estudios, de la construcción y de la fase de operación. Ambas provincias DEBEN tener participación activa y definitoria en ese ente.
• Queda muy en claro, que la magnitud de las tareas a realizar, excede largamente el mero voluntarismo, o los accionares aislados de funcionarios puntuales. Es imprescindible la creación de la Secretaría de Energía de Misiones (sugiriendo respetuosamente una iniciativa similar para Corrientes). Es ilógico suponer que esas funciones puedan ser suplidas por una empresa de prestación del servicio eléctrico, como EMSA (no es su función, y no pueden ni deben mezclarse los roles). Menos aún es tarea para miniequipos de indefinidas funciones y usualmente de cortos períodos, que no siempre están compuestos por especialistas, y que por supuesto adolecen de una notoria carencia de “masa crítica” de personal altamente calificado; los que –la historia lo demuestra- no acumulan suficiente información, ni la sistematizan, ni la dejan para capitalizar experiencias, con lo cual siempre se está recomenzando…y perdiéndose valiosísimo tiempo…y con él muchas oportunidades.

El tema no se agota aquí, pero sin duda ya se definió bastante por hacer, en un contexto en el que casi nada aún se hizo, desde hace más de tres décadas.

Por: Carlos A. Ortiz
Ex Docente – Investigador = Facultad de Ciencias Económicas = UNaM
Especialista en Gestión de la Producción y Ambiente – F.I. UNaM
Tesista de la Maestría en Gestión de la Energía = UNLa – CNEA
Docente de Economía – EN10
Docente de la Diplomatura en Geopolítica – ICM

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