Dicen que es irregular el funcionamiento de 70 plantas incineradoras

A más de dos años de la ratificación del Convenio de Estocolmo, el cual comprometió a la Argentina a detener la emisión de doce de las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia y que pueden ocasionar enfermedades cancerígenas, son más de setenta las plantas incineradoras que continúan funcionando en el país, según confirmaron organizaciones pertenecientes a la Coalición Ciudadana Antiincineración.

Desde 1995, año en que comenzó a funcionar la coalición en defensa de la calidad de vida y en contra de las plantas de incineración de residuos hospitalarios, domiciliarios e industriales, las distintas ONG vienen luchando por el cierre de las plantas.

Sólo cinco son las plantas que se han cerrado desde mayo de 2004, fecha en que el convenio de Estocolmo entró en vigor, y 15 los municipios que prohibieron su instalación.

Según comentó Luis Tuninetti, director de Ecositio, las organizaciones quieren que las plantas se cierren porque emiten al ambiente sustancias contaminantes tales como dioxinas y furanos.

“Hoy son entre 60 y 70 las incineradoras de residuos patógenos que funcionan en el país, a las que hay que sumarles las que se encargan de los residuos domiciliarios y de los industriales”, señaló a LA NACION Cecilia Allen, de la Alianza Global contra la Incineración (GAIA).

A esas plantas, según comentó Allen, hay que agregar los hornos de algunos hospitales pequeños que funcionan en el fondo de los nosocomios.

Los centros urbanos como Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, gracias a los reclamos y denuncias de agrupaciones ambientalistas, son libres de incineración, según confirmó Silvana Buján, de la organización Bios.

En otras provincias, como San Juan, Córdoba, Chubut, y los municipios de Tres Arroyos y General Pueyrredón, de Buenos Aires, está prohibida la incineración de residuos, pero en el resto del país las plantas siguen funcionando.

Organizaciones tales como GAIA, Ecositio y Bios impulsan la toma de conciencia sobre este problema, pero reclaman que el Estado realice estudios epidemiológicos en suelo y sangre de los vecinos afectados, y que las plantas se cierren definitivamente.

Ricardo Ramírez es de Villa Allende, provincia de Córdoba, y dijo a LA NACION que en 2004 se juntó con un grupo de vecinos para denunciar a un incinerador y a un crematorio que funcionaba en el barrio.

“Empezamos a ver mucho humo, cenizas; los pájaros desaparecieron y había mucha gente con enfermedades respiratorias y en la piel”, relató Ramírez.

El incinerador funcionaba las 24 horas, sin filtros, y a través de un estudio epidemiológico comprobaron la presencia de hexaclorobenceno en la sangre del 70 por ciento de los vecinos que se sometieron al análisis, y además se hallaron metales pesados en los tanques de agua domiciliarios.

La Nación
Lunes 5 de Febrero de 2007

Visite también nuestros contenidos
de EFLUENTES GASEOSOS