Camino hacia el colapso eléctrico

Sin el ánimo de pecar de alarmista, y mucho menos aún de hacer de este artículo un instrumento político partidista, resulta innegable e inocultable que marchamos a paso redoblado hacia el colapso del sistema eléctrico nacional, que -salvo muy rápidas medidas- alcanzará proporciones y consecuencias considerables.

Esa situación fue claramente esbozada en mi libro “Energía eléctrica y desarrollo socio-económico”, escrito en 2002 y editado a comienzos del año actual, mientras que con todas las letras también se explicó en una nota incluida en el Boletín 12 de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), además de otras destacadas publicaciones.

El caso es que el tiempo sigue transcurriendo inexorablemente y las soluciones posibles van acotándose en función de las dificultades crecientes para materializar a tiempo las importantes inversiones ya imprescindibles.
Ubicando el problema en su justa medida, de ningún modo es de exclusiva responsabilidad del actual gobierno nacional; más aún, en su mayor parte debe ser atribuido a la inacción de poco más de media década atrás; e inclusive en buena parte es directo resultado de la ausencia del Estado en las grandes decisiones energéticas, lo cual fue consecuencia de la política privatista materializada sobre la falsa idea del “único pensamiento económicamente correcto”, enancado en el neoliberalismo.
En el trabajo de investigación realizado, basándome en las evoluciones de las curvas de potencia y de generación media anual, comparativamente con la curva de evolución del Producto Bruto Interno (PBI), se demuestra que la demanda superará a la actual capacidad instalada entre 2006 y 2008, pero con tendencia al acortamiento de los tiempos. Es más que probable que la crisis se desate antes que después.

Al crecimiento exponencial del consumo (verificable aún en épocas de recesión relativamente moderada) se le suma el impulso adicional de la demanda, producido por la reactivación económica que por lo menos se prolongará un año más.
Recientemente tomó estado público la probabilidad de dificultades de abastecimiento que -con alto grado de certeza- se producirían este verano. Sin embargo, en la mayor parte de la dirigencia (política, económica, académica, sindical, etcétera) no parecería existir concientización respecto de la crisis que se avecina ni de la extrema rapidez de decisión que se requiere para al menos disminuir sus efectos.

Desde los niveles de conducción nacional se están tomando algunas decisiones orientadas en dirección correcta, sin embargo los tiempos se están dilatando excesivamente (en función de la situación hacia la que marchamos). Inclusive, las alternativas de corto plazo no parecen estar contempladas en su urgente necesidad.
Es muy positivo ponerse a trabajar para la concreción de proyectos hidroeléctricas postergados (Corpus, Garabí, Paraná Medio, posiblemente El Chihuido y asimismo las obras del Bermejo), así como en la terminación de la central nuclear de Atucha 2. Pero todas demandarán tiempos de concreción no menor a una década.

Para el corto plazo, la única alternativa será incrementar el parque termoeléctrico, instalando equipos de ciclos combinados movidos a gas natural. Pero si el plazo de ejecución es menor al de usinas hidráulicas o nucleares, difícilmente tarden menos de 18 meses. Para ello, el abastecimiento de gas natural posiblemente sea insuficiente, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno.
Haciendo sus constantes aportes a la confusión, como claros instrumentos de intereses foráneos, las prédicas ecológicas de corte fundamentalista siguen oponiéndose a las obras hidroeléctricas y nucleares mientras proponen nuevas fuentes de energía (eólica o solar) omitiendo sus altísimos costos, insalvables limitaciones técnicas para producir en escala y efectos contaminantes, que por cierto no son pocos.

Sin suficientes fuentes de generación y sin posibilidades de importación masiva, todo permite afirmar que marchamos a paso firme hacia una crisis eléctrica más grave que la padecida a fines de la década del ’80, y hacia el consecuente caos general.
Muy pocos parecen percatarse de la extrema gravedad de esta situación.

Por Carlos Andrés Ortiz
Contador Público. Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM