Educación, información y comunicaciónen el proceso de la evaluación del impacto ambiental.

Magíster Cristina Teresa Carballo

La Educación Ambiental: de la huerta ecológica a los mecanismos de participación comunitaria

Desde hace tiempo se ha ido gestando un acuerdo internacional sobre la necesidad de imponer la dimensión ambiental en las políticas económicas con el objetivo de avanzar en un desarrollo sostenible. Esto ha implicado la participación de los actores de la escena política, económica y social del planeta. Proceso que tiene como primer hito internacional, la Conferencia de Estocolmo (1972) y, más recientemente, el Informe Brundtland (1987), y la Conferencia de Río (1992).

Pasando por la ecología profunda (deep ecology), ecodesarrollo, desarrollo sostenible, movimientos sociales verdes, crecimiento cero… el concepto de ambiente y, por lo tanto, la educación ambiental ha sido conformado desde diferentes enfoques interpretativos y por diferentes grupos de presión que dominan la tendencia internacional, regional y/o local.

El resultado de la Reunión Cumbre de Río en 1992 surge un detallado plan de trabajo para el siglo XXI, cuya finalidad es hacer posible un desarrollo que sea sostenible desde los puntos de vista social, económico y ecológico. Este plan, conocido como Agenda 21 contempla una serie de normas, políticas y medidas que los gobiernos firmantes se comprometan a seguir. Para fundamentar de la Agenda 21 es el reconocimiento de lo importante que es la participación para enriquecer el acervo de conocimientos y experiencia en la conservación de los recursos naturales y otros aspectos del desarrollo sostenible. Es en este marco que se considera indispensable la inserción, fortalecimiento de la Educación Ambiental como estrategia que tenga como meta la participación activa de la comunidad en sus proyectos de desarrollo en todas sus escalas.

En este contexto, estaría inmersa una de las principales estrategias para la prevención o remediación de problemas ambientales, y no solo procedimientos técnicos, el proceso de evaluación de impacto ambiental de proyectos. El proceso de la EIA materializa no solo los beneficios de un proyecto sino que pone a discusión las desventajas y el grado de impacto negativo a la población afectada. En este esquema, queda claro, que saldrá a la luz la confrontación de intereses y la asimetría de los actores. Este será el principal desafío que deberá superar la EIA para una real evaluación y participación comunitaria, en el marco de políticas ambientales surgidas desde el Estado.

La Educación Ambiental, por lo tanto, no pretende generar exclusivamente una polarización similar a la que ya existe en algunos países entre los sectores productivos y preservacionismos, ni provocar un sentimiento de impotencia ante los abrumadores problemas ambientales cotidianos locales o planetarios. Si no por el contrario la educación ambiental busca el desarrollo de estrategias para evitar dicha polaridad. En otras palabras, la Educación Ambiental se debe caracterizar por promover y facilitar el intercambio de ideas y la continua coparticipación de los sectores sociales, tanto de la esfera privada como pública.

¿Por qué la comunidad en el proceso de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)?

Existe un claro consenso internacional que el proceso de participación pública en la evaluación ambiental (identificación, predicción y evaluación de impactos relevantes beneficiosos o adversos) permite la valoración social de los proyectos por parte de la comunidad afectada. Esta estrategia, la EIA, se resignifica en la escala Latinoamericana, y en la Argentina de los últimos veinte años. Por un lado, la EIA se inserta en la legislación sectorial y provincial, y por otro lado, en Argentina se registra una intensa desregulación de la economía nacional con la presencia de inversiones internacionales. En este marco de la globalización económica, la redefinición social, ambiental y territorial de Argentina no se hace esperar.

Desde una perspectiva técnica-metodológica, la EIA debe interpretarse como una herramienta de tipo procesual, multidisciplinaria e interactiva, cuyo propósito es lograr una mejor comprensión de las relaciones existentes entre lo social, lo económico, lo ecológico y lo político.

También hay acuerdo, en que la EIA debería aplicarse tanto a actividades como a proyectos de desarrollo que sean emprendidos por el sector público o privado; en el que deben incluirse un análisis de alternativas y medidas de mitigación que busquen la minimización o eliminación de las consecuencias adversas, y la optimización o potenciación de las positivas. En muchas sociedades, y cada vez más, la EIA está siendo vista como un mecanismo clave para lograr que la sociedad civil participe, y así involucre en el proceso de planificación territorial y ambiental.

Pero las coordenadas espaciales en que fue mentada y reclamada como un derecho social la participación, consulta e información ambiental dista mucho de lo que es la realidad de la sociedad de América Latina. Recordemos que el proceso de institucionalización de la EIA, en esta parte del planeta, respondió inicialmente para satisfacer los requisitos exigidos en los mecanismos de otorgamiento de créditos por parte de los organismos multilaterales financieros. “Así, este proceso latinoamericano priorizó el enfoque de la presentación de estudios o informes de impacto ambiental, antes que el procedimiento a través del cual mejorar el sistema de decisiones públicas. Colombia fue pionera en incorporar la EIA en su código de Recursos Naturales (1973), y posteriormente seguida por otros países como México (1978), Brasil (1988), Venezuela (1992), Bolivia (1992), Paraguay (1993), Chile (1993), Honduras (1993) y Uruguay (1994)” (FARN; 1999:16)

Sin embargo, esta coyuntura reciente de los procesos de globalización económica demuestra que los emprendimientos e inversiones de los grupos económicos internacionales son impuestos a las poblaciones locales. Lo cierto es que la población cuenta con insuficientes espacios de participación. Esto puede redundar en una fuente de conflictos ambientales, en particular cuando “los afectados” por el proyecto no son convocados, y las decisiones económicas se toman a corto plazo bajo la lógica de la ganancia. Queda manifiesta entonces, la necesidad de involucrar a la sociedad civil en las distintas etapas de las que se compone el ciclo de un proyecto o programa de desarrollo local o regional, a través de diferentes instancias representativas.